“Ley Uber”: Conflicto por los $513 millones de fallido software podría llegar a Contraloría, comenta Louis de Grange

Louis de Grange, experto en transporte y decano de la Facultad de Ingeniería UDP, sostiene que “pasar de $500 a más de $800 millones de presupuesto confirma que el primer proyecto tuvo un error de diseño, de alcance, de complejidad y es responsabilidad absoluta del Ministerio de Transportes (…) No es claro que esos recursos se puedan recuperar, salvo que haya boletas de garantía de fiel cumplimiento, pero no creo que sea el caso. En general la plata no se recupera, salvo que vayan después a tribunales, pero pueden pasar años”.

Tres veces entró y salió el reglamento de Contraloría. Tras su aprobación, la plataforma era lo único que faltaba para que la Ley EAT entre en vigencia, ya que precisa que se puedan inscribir los conductores. Ahora tendrán que seguir esperando mínimo hasta 2026. Esto genera otro efecto menos visible, como conseguir las licencias profesionales. “Hay un desastre en la entrega y renovación de licencias de conducir en los municipios a nivel nacional debido a la licencia digital. Es resorte 100% del Ministerio de Transportes y en el caso de los conductores de las aplicaciones es aún peor porque se exige licencia profesional”, acusa De Grange.

“Este fracaso en la adjudicación de la plataforma confirma que no hay claridad respecto al diseño. La cantidad de información que se solicita es brutal, gestionarla y administrarla no solo es muy difícil técnicamente, sino que además genera asimetrías con la industria de los taxis, a quienes no se les pide nada”, señala De Grange. Y agrega que “hay un tema bastante ideologizado de parte del ministro de Transportes. Lo ha abordado como una campaña personal en contra de las aplicaciones, y no se ha puesto en el lugar ni de los pasajeros ni de los conductores. (…) Acá tienes que gerenciar un proyecto grande, debes tener ejecutivos capaces y buenos diseños ingenieriles y nada de eso ocurrió”.