El Mostrador | Columna de Hernán Alcayaga
La reciente modificación al Código de Aguas se hace cargo de aspectos estructurales y fundamentales que llevaban más de una década en discusión. Se trata de cambios mucho más profundos que cualesquiera que haya sufrido el texto en sus 40 años de vigencia, pero que a la vez abren grandes desafíos institucionales.
La reforma más significativa es que las aguas sean reconocidas como un Bien Nacional de uso público, condición ya existente en el Código de 1981 en su Art.5, pero ahora poniendo como prioridad su uso destinado al consumo humano, esto es, como un derecho humano esencial. En general, los derechos humanos son una respuesta a las grandes miserias de la humanidad, debido a la falta de equidad y justicia social; en el caso del agua, esta es una respuesta a necesidades vitales.
En la reforma también se reconocerá el uso temporal -no perpetuo- y los usos no extractivos, lo cual va en beneficio de la conservación de ecosistemas acuáticos, valoración de paisajes fluviales (por ejemplo, el Salto del Laja, en la Región del Biobío) y usos recreacionales. Este cambio, bien direccionado, hace aún más exigentes los ya relevantes desafíos para la institucionalidad relacionada con la administración de los recursos hídricos (en particular para la Dirección General de Aguas, DGA), en un contexto de transición climática (cambio climático) y legislativa (nueva constitución).
Así, dentro de los desafíos más importantes estarán incentivar la regularización de los derechos de aguas (que los usuarios realicen este proceso), tanto en el Conservador de Bienes Raíces como en el Catastro Público de Aguas (CPA), este último administrado por DGA. Este registro es fundamental para conocer con más precisión quiénes, dónde y cuánto se está extrayendo. Además, se debe conocer con más detalle la cantidad del recurso disponible, es decir, monitorear las fuentes. Mejorando y ampliando la red ya existente de estaciones fluviométricas, de pozos y de lagos también controladas por la DGA. Junto con ello, será necesario fortalecer el rol de la fiscalización, ampliación de las atribuciones de la DGA y aumentar la participación y trasparencia de las comunidades de usuarios.
Todo lo anterior va ligado a la realización de una gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca (en el caso de aguas superficiales) y por acuíferos (en al caso de aguas subterráneas). Este último punto ha sido frecuentemente mencionado en la esfera académica y en los informes de Evaluación del Desempeño Ambiental de Chile realizados por la CEPAL. Como respuesta a esta última necesidad y en consideración de este nuevo marco legal, la DGA ha actualizado el Balance Hídrico Nacional e impulsado los Planes de Estratégicos de Gestión Hídrica que servirán de soporte a la toma de decisiones sobre bases técnicas, apoyando la futura gestión de las aguas en Chile.